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Fue una reunión con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que analizó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que se llegó al acuerdo de revisar 97 ordenamientos locales de este.
El propósito fue asegurar reglas claras y utilidad pública dentro de este nuevo sistema.
La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) participó en la mesa de trabajo que organizó la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco junto a otras universidades con el objetivo de avanzar en la preparación técnica y normativa para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
En el encuentro se estableció que la revisión de 97 ordenamientos locales, entre leyes y reglamentos, resultará clave para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo modelo procesal civil y familiar.
En la mesa estuvo presente la Dra. Imelda Cota López, Directora de la Facultad de Derecho de la UAG. También participaron representantes de distintas instituciones de educación superior: la Universidad de Guadalajara (UdeG), el ITESO, la Universidad Panamericana (UP), UNIVA y el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.
La participación académica se enfocó en aportar perspectivas para la actualización del marco normativo y fortalecer los criterios de formación profesional que demandará el nuevo modelo.
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Durante la sesión se explicó que el CNPCF deberá aplicarse en las entidades federativas a más tardar el 1 de abril de 2027, por lo que la planeación anticipada y la armonización normativa se consideraron elementos prioritarios. El proceso de adecuación incluyó el análisis de los ordenamientos locales vigentes con el propósito de asegurar reglas claras y utilidad pública dentro del nuevo sistema.
La Mtra. Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, destacó que la formación jurídica será determinante para el éxito de la transición, al requerir preparación técnica, actualización profesional y criterios claros. En ese contexto, subrayó la relevancia de incorporar la visión de las universidades en el proceso.
“Aquí es donde toma relevancia la enseñanza del Derecho, por lo cual es vital contar con las ideas y opiniones de las instituciones que se encargan de preparar a las futuras generaciones de profesionistas del Derecho, bajo los conceptos novedosos y actuales”, concluyó.
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